Tensiones actuales entre Estados Unidos y Venezuela.
Las relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela han sido tensas durante décadas, especialmente desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y de su sucesor Nicolás Maduro en 2013. Venezuela, que en su día fue una de las naciones más ricas de América Latina gracias a sus vastas reservas de petróleo (las mayores reservas probadas a nivel mundial, con más de 300.000 millones de barriles), ha sufrido un grave colapso económico bajo el mandato de Maduro. Esto incluye una hiperinflación que superó el millón por ciento en 2018, una contracción del PIB de más del 80 % entre 2013 y 2023, y una crisis humanitaria que ha provocado el éxodo de más de 7,7 millones de personas. EE.UU. ha acusado al régimen de Maduro de corrupción, abusos contra los derechos humanos y participación en el tráfico de drogas a través de entidades como el «Cartel de los Soles», una presunta red de militares venezolanos involucrados en la actividad ilícita.
Entre los principales puntos conflictivos entre las dos naciones podemos señalar las sanciones impuestas por EE.UU. desde 2017, dirigidas principalmente al sector petrolero de Venezuela, las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del país caribeño – especialmente las de 2018 y 2024 – y las acusaciones de promover masivamente las operaciones de tráfico de estupefacientes. Así, Washington ha considerado a Maduro como un «narcoterrorista» que ayuda a los cárteles y bandas, mientras que Maduro culpa al «imperialismo» estadounidense de la crisis. En agosto de 2025, las tensiones han alcanzado un punto álgido, marcado por el despliegue militar estadounidense para combatir el narcoterrorismo y las contramedidas venezolanas para hacer frente a las acciones del país del norte. Maduro acusa de que EE.UU. está en una operación de «cambio de régimen» disfrazada de esfuerzo antinarcótico.
Acciones de EE. UU.
Las motivaciones estadounidenses parecen ser múltiples: combatir el tráfico de drogas, asegurar los recursos petroleros en medio de las necesidades energéticas mundiales y contrarrestar las alianzas de Venezuela con Rusia, China e Irán.
El presidente Trump autorizó al Departamento de Defensa a llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles de la droga latinoamericanos designados como «Organizaciones Terroristas Extranjeras» (The New York Times, 2025). Entre los cárteles seleccionados se encuentran el Tren de Aragua (TdA), la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel de Sinaloa, al que se ha añadido recientemente el Cártel de los Soles. Esta directiva supone una escalada significativa en el enfoque de EE.UU. para combatir los cárteles de la droga, pasando de la aplicación de la ley, a nivel interno, a acciones militares ofensivas en el extranjero. No se ha obtenido la autorización del Congreso para emprender acciones militares contra los cárteles en el extranjero, lo que suscita algunas dudas constitucionales sobre la legalidad de tales acciones.
La directiva del presidente Trump permite operaciones militares directas tanto en el mar como en suelo extranjero, eludiendo los métodos tradicionales de aplicación de la ley. La iniciativa estadounidense tiene como objetivo frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales, haciendo frente a la sofisticada logística de los cárteles y mejorar la seguridad marítima mediante una respuesta rápida y una vigilancia sostenida, lo que refleja la voluntad del presidente estadounidense de utilizar la fuerza militar para lo que normalmente ha sido una cuestión de aplicación de las fuerzas internas de seguridad pública. Así, EE.UU. ha aumentado la vigilancia (la CIA estaría realizando vuelos de vigilancia sobre México) y ha desplegado tropas a lo largo de la frontera sur con México, en preparación para lo que algunos analistas sostienen como posibles acciones militares futuras en suelo mexicano, persiguiendo a los narcotraficantes, que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado por completo. El marco estratégico más amplio de esta iniciativa se denomina «Defensa Hemisférica» y tiene por objeto proteger el hemisferio occidental (el continente americano) de las organizaciones criminales transnacionales. El plan incluye la desarticulación de las operaciones de los cárteles y las redes de tráfico de fentanilo, en particular de aquellas que utilizan precursores químicos procedentes de China.
El pasado 14 de agosto, se anunció el despliegue de tropas y buques de guerra en el sur del Mar Caribe para operaciones contra los cárteles de la droga (Reuters, 2025). El despliegue incluye el «Grupo Anfibio de Iwo Jima», con el USS San Antonio, el USS Iwo Jima, y el USS Fort Lauderdale, y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines en ellos, un submarino de ataque de propulsión nuclear, cruceros lanzamisiles, destructores de la clase «Arleigh Burke» (el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson), equipados con el sistema «Aegis», y aviones Boeing «P-8A Poseidon». Entre los activos de apoyo se incluyen helicópteros «UH-1Y Venom» del Cuerpo de Marines de EE.UU. para apoyo aéreo cercano y movilidad. El «P-8A Poseidon», desarrollado como sucesor del P-3 Orion, está diseñado para la vigilancia de largo alcance y la guerra antisubmarina, lo que mejora la supervisión de las rutas de tráfico. El día 21 de agosto se informó que tres buques de guerra estadounidenses se acercaban a la costa de Venezuela. Al 25, otros buques de guerra estaban en camino, lo que indicaba una importante concentración de fuerzas.
Figura N°1 Mapa de despliegue de la flota estadounidense en el Caribe Nota: ZeroHedge (2025).
Por otro lado, en el mismo mes de agosto, EE.UU. aumentó la recompensa por la detención de Maduro a 50 millones de dólares (frente a los 25 millones de enero de 2025 y los 15 millones de 2020), acusándolo de tráfico de drogas (U.S. Department of State, 2025). Asimismo, el gobierno de Trump ha restablecido y ampliado las sanciones a Venezuela, presionando a sus aliados como China e Irán y empresas no estadounidenses, como la española Repsol y la italiana Eni.
Acciones de Venezuela
La respuesta venezolana no se hizo esperar. El 19 de agosto, Maduro prometió desplegar a más de cuatro millones de milicianos con armamento individual y misiles en respuesta a las «amenazas» que planteaba EE.UU. (Al Jazeera, 2025). Se utilizarían fusiles AK-103 y misiles MANPADS como el Igla-S, y ATGMs[1] como Kornet y Metis-M. Las Fuerzas Armadas de Venezuela cuentan con sistemas de defensa aérea como el RBS 70 y el S-300VM, y la Armada, en específico, tiene misiles antibuque C-802A y CM-90 (Army Recognition, 2025). No obstante, hay informes que señalan que la defensa aérea venezolana está colapsada: más del 60 % de los radares estarían inoperativos y la aviación de combate se habría reducido al mínimo (Gateway Hispanic, 2025).
Cabe señalar que, dentro de los activos militares de Venezuela, se incluyen 172 tanques T-72, 21 aviones Su-30, drones iraníes y misiles antibuque, pero los expertos dudan de que puedan resistir un ataque total de EE.UU., lo que podría provocar un rápido colapso de las infraestructuras seguido de una insurgencia prolongada[2].
[1] Anti-Tank Guided Missile o misiles antitanques guiados.
[2] Las cifras relativas a los activos militares de Venezuela (172 tanques T-72, 21 aviones Su-30, drones iraníes y misiles antibuque) se basan en fuentes de defensa como el IISS, el SIPRI y noticias publicadas hasta marzo de 2024.
Además del despliegue de milicianos, el 25 de agosto, Venezuela anunció el envío de 15.000 soldados a la frontera con Colombia, dando como fundamento la lucha contra el narcotráfico, lo mismo hizo Colombia con un número de 25.000 tropas (Le Monde, 2025); lo anterior, a pesar de que en el pasado existió tensión entre Caracas y Bogotá en la región de Catatumbo. Adicionalmente, Maduro ha pedido apoyo al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres (La Tercera, 2025), y a China, reuniéndose con representantes de Xi Jinping para que intercedan en esta confrontación (CNN, 2025). China, que considera a Venezuela su único socio estratégico integral en Sudamérica, probablemente aumentará su apoyo económico al país ante las crecientes tensiones con EE.UU., aunque evitaría brindar ayuda militar directa para no provocar a Washington; además, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha manifestado su rechazo a las acciones que violan el derecho internacional. Por su parte, Rusia también ha expresado su apoyo a Venezuela (Infobae, 2025).
Impactos
A nivel regional, los más afectados serían los países vecinos como Guyana (que respalda las medidas de EE.UU. en medio de su propia disputa fronteriza por la región del Esequibo) y Trinidad y Tobago (que culpa a los cárteles de la inestabilidad regional).
No deben descartarse los riesgos geopolíticos de orden global, ya que tanto Rusia como China tienen intereses vigentes en Venezuela y considerarían el accionar de EE.UU. más que una lucha contra el narcotráfico, como un clásico conflicto de poder, considerado como un proxi a la pugna de poder entre super potencias (como se ha declarado acerca del caso de Ucrania). Además, la escalada podría perturbar los mercados mundiales del petróleo, dado que, aunque oficialmente Venezuela tiene un bajo nivel de extracción de ese recurso, la inteligencia estadounidense ha señalado que China adquiere petróleo venezolano en forma oculta desde dicho país sudamericano (Breitbart, 2025).
Conclusión
La razón oficial de esta operación militar estadounidense se enfoca en combatir a las organizaciones de tráfico de drogas, a las que EE.UU. ha calificado de «narcoterroristas» por sus supuestos vínculos con el Gobierno del presidente Maduro. Los críticos a EE.UU., sin embargo, argumentan que este pretexto es dudoso, señalando la larga historia de intentos de EE.UU. de cambiar el régimen en Venezuela. Los funcionarios venezolanos, y entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también afirman que el país del norte pretende un cambio de régimen y el control de los vastos recursos petrolíferos de Venezuela. Algunos líderes regionales latinoamericanos, entre ellos Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, han expresado su preocupación por las acciones militares de EE.UU. y han pedido una oposición multilateral a las políticas intervencionistas de Washington. Por consiguiente, se puede apreciar que sin estar enmarcado en el contexto de una guerra, existen diferentes causas que motivan el empleo del instrumento militar, lo cual puede estar en un contexto de causas lejanas o reales, o bien de causas cercanas o aparentes.
El esfuerzo militar estadounidense, sin embargo, podría ser más dilatado que lo señalado por las autoridades venezolanas, brasileñas y colombianas. Así, todo sería parte de una estrategia más amplia para reafirmar la influencia de EE.UU. en América Latina, especialmente a la luz de las alianzas de Venezuela con China, Rusia e Irán. Estaríamos ante un cambio en la política exterior de EE.UU., que implica una reorientación de ese país hacia el hemisferio occidental (el continente americano), alejándose de los conflictos en Europa y el Medio Oriente. Esto incluye esfuerzos para fortalecer las relaciones comerciales con los países latinoamericanos y abordar los problemas en Venezuela. Trump, así, ya no vería a sus vecinos del sur como el «patio trasero», sino como parte de un todo, dentro de la espera de influencia estadounidense.
Según Brian Fonseca, director del «Instituto Jack D. Gordon» de la Universidad Internacional de Florida, esta es la primera vez en mucho tiempo que EE.UU. moviliza recursos militares específicamente contra organizaciones criminales en América Latina. Según el académico, el despliegue militar representa una escala sin precedentes y un objetivo explícito de combatir las organizaciones criminales en el hemisferio occidental. Fonseca destaca la naturaleza única de esta operación, señalando las amplias capacidades militares reunidas para hacer frente a las amenazas no estatales en la región. La movilización de estos recursos refleja la preocupación de EE.UU. por la expansión de las redes narcoterroristas y su desafío directo a la seguridad regional y a los intereses estratégicos de la potencia del norte. Para ese autor, la presencia de las fuerzas estadounidenses en el Caribe sirve tanto como elemento disuasorio como de acción directa contra las estructuras criminales involucradas en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Agrega que dicha operación marca un cambio en la política estadounidense hacia la seguridad hemisférica, especialmente a la luz de las crecientes tensiones con el régimen venezolano y la consolidación de organizaciones narcoterroristas como el Cartel de los Soles (Infobae, 2025). Sin lugar a dudas, el despliegue de una fuerza militar, acompañado por muestras de una voluntad de empleo desde el escalón político generan efectos coercitivos, en este caso desde la perspectiva de la disuasión, donde una mera muestra de poder entrega un claro mensaje para evitar acciones de actores opuestos a los intereses norteamericanos.
Otros analistas estadounidenses destacan, además, que la crisis en Venezuela plantea riesgos significativos para los intereses de seguridad nacional de EE.UU., enmarcándola como una cuestión geopolítica y no meramente local. Argumentan que la inestabilidad de Venezuela amenaza la estabilidad regional en todo el continente americano (América del Norte, América Central y América del Sur), afectando la dinámica estratégica mundial. La situación ha atraído la atención de potencias extranjeras, en particular Rusia y China, que participan activamente en la región, lo que complica aún más el panorama geopolítico para EE.UU. Dichos autores ponen de relieve la necesidad de que EE.UU. considere la situación de Venezuela como un factor crítico en su estrategia de seguridad. Todo esto, dada la posibilidad de instrumentalizar fenómenos como la migración y/o el crimen organizado para amenazar la seguridad nacional del Estado del norte.
La situación sigue siendo incierta. Cualquier paso en falso podría dar lugar a un conflicto más amplio. Aunque más que una guerra cinética convencional, EE.UU. podría recurrir a tácticas de guerra híbrida, incluyendo operaciones especiales, cibernéticas y sabotajes, aunque admitiendo la posibilidad de una intervención directa si fuera necesario para ellos.