El martes 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen; y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, suscribieron el referido acuerdo. Según un medio de comunicación, «La OTAN y la Unión Europea acogen con satisfacción el acuerdo que pone fin a un enfrentamiento que se ha prolongado durante meses, tras la amenaza de Trump de apoderarse de Groenlandia» (Al Jazeera Staff et al., 2026).

Si bien el texto del acuerdo no satisface la exigencia inicial del presidente Trump de incorporar Groenlandia al territorio estadounidense, en la práctica parece otorgar a Estados Unidos un amplio margen de maniobra para actuar conforme a sus intereses estratégicos. Esta situación se ve reforzada por la considerable influencia de Washington sobre el futuro de la OTAN, cuya continuidad podría verse comprometida si Estados Unidos decidiera retirar su respaldo político, militar y financiero. Además, como lo declaró el propio presidente Trump en su cuenta de Truth Social el 14 de octubre: «Se está preparando el inicio de una colosal exploración de petróleo, gas y minerales» en «nuestra nueva y hermosa Groenlandia». Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca tuvo que salir a responderle ese mismo día, aclarando que el acuerdo de septiembre no concede a los inversionistas estadounidenses un trato preferencial respecto de los provenientes de otros países de la OTAN o de la UE; que el otorgamiento de licencias para la explotación de recursos naturales continúa siendo competencia de las autoridades groenlandesas; y que cualquier actividad de exploración debe ajustarse a la legislación de Groenlandia. Asimismo, precisó que el pacto se circunscribe a cuestiones de seguridad y control de inversiones, sin contemplar la transferencia de derechos de explotación minera ni de perforación de hidrocarburos (Al Jazeera Staff & Reuters, 2026). A pesar de la respuesta danesa, con el apoyo expreso o tácito de los miembros de la OTAN, la actuación estadounidense constituye, en definitiva, una manifestación de la Realpolitik, en la que las relaciones de poder y los intereses estratégicos de Estados Unidos prevalecerán sobre otras consideraciones.

Contenido del acuerdo

Las principales disposiciones del acuerdo son las siguientes:

• Instalaciones y acceso militar: Estados Unidos podrá modernizar y ampliar sus operaciones en la Base Espacial de Pituffik, establecer nuevas bases en Narsarsuaq, al sur de Groenlandia, y en Mestersvig, al este, así como incorporar otras zonas de defensa. Sus aeronaves tendrán autorización para sobrevolar el territorio groenlandés y aterrizar en cualquier punto de la isla, mientras que sus fuerzas navales tendrán acceso a las aguas de la isla.
• Restricciones a la presencia militar extranjera: Ningún país ajeno a la OTAN podrá establecer instalaciones militares ni mantener una presencia militar permanente en Groenlandia sin la aprobación unánime de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.
• Control de inversiones extranjeras: Las inversiones en sectores estratégicos, como la minería y las infraestructuras, provenientes de países que no pertenezcan a la UE, a la OTAN ni a países socios de la OTAN, requerirán la aprobación unánime de los tres gobiernos. Esta disposición amplía la capacidad de influencia de Estados Unidos sobre las decisiones económicas y estratégicas de Groenlandia.
• Independencia de Groenlandia: El acuerdo tiene vigencia indefinida y establece que, en caso de que Groenlandia alcance la independencia, permanecerá en la OTAN y asumirá las obligaciones contraídas por Dinamarca en virtud del pacto.
• Defensa antimisiles: El acuerdo extiende los procedimientos de autorización a las instalaciones militares no tripuladas, lo que podría facilitar el despliegue de infraestructura destinada a apoyar el sistema estadounidense de defensa antimisiles «Golden Dome».

Análisis estratégico-militar e implicancias para Chile

Desde una perspectiva estratégico-militar, el acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia fortalece significativamente la posición estadounidense en el Ártico. La importancia de esta región ha crecido debido a la competencia entre las grandes potencias, al deshielo progresivo, a la posible apertura de nuevas rutas marítimas y a la presencia de recursos naturales estratégicos. Situada entre América del Norte y Europa, Groenlandia tiene un valor geográfico excepcional para la vigilancia aeroespacial, la alerta temprana de misiles, el control de los accesos al Atlántico Norte y la protección del flanco septentrional de la OTAN.

En el plano operacional, la ampliación de las instalaciones militares estadounidenses y el mayor acceso aéreo y marítimo mejorarían las capacidades de vigilancia, despliegue, apoyo logístico y respuesta ante eventuales amenazas. La Base Espacial de Pituffik ya es un componente relevante del sistema estadounidense de alerta temprana y de vigilancia espacial. Si se incorporara infraestructura vinculada al proyecto de defensa antimisiles «Golden Dome», Groenlandia ganaría aún más peso dentro de la arquitectura defensiva de Estados Unidos y en la disuasión estratégica frente a Rusia y la competencia geopolítica con China.

Las implicancias del acuerdo, sin embargo, van más allá de lo estrictamente militar. Aunque Washington no obtuvo la soberanía territorial que buscaba en un principio, las cláusulas sobre el acceso militar, la exclusión de potencias rivales y el control de las inversiones extranjeras podrían otorgarle una influencia considerable en las decisiones estratégicas de Groenlandia. El acuerdo refleja así una forma de proyección de poder en la que el control territorial formal pesa menos que la capacidad efectiva de condicionar el acceso, las actividades militares y el aprovechamiento de recursos estratégicos.

Para Dinamarca y la UE, esto plantea un dilema. Por una parte, una mayor presencia estadounidense refuerza la seguridad del Ártico y la defensa colectiva. Por otra parte, las presiones de la administración Trump sobre el territorio de un aliado de la OTAN han puesto de manifiesto las tensiones que surgen cuando los intereses estratégicos de Washington chocan con la soberanía y las prioridades políticas de sus aliados europeos. El acuerdo canaliza institucionalmente esas diferencias, pero no elimina las asimetrías de poder dentro de la Alianza Atlántica.

La crisis de Groenlandia también pone de manifiesto la dependencia europea de las capacidades militares estadounidenses, sobre todo en la disuasión nuclear, la inteligencia, la vigilancia aeroespacial, el transporte estratégico y la defensa antimisiles. La posibilidad de que Washington condicione su compromiso con la seguridad europea alimenta el debate sobre la autonomía estratégica de la UE y la necesidad de desarrollar capacidades propias. Al mismo tiempo, demuestra que la cooperación entre aliados no excluye las controversias geopolíticas cuando están en juego territorios, recursos naturales y posiciones geográficas de alto valor estratégico.

Esta situación guarda cierta semejanza con el extremo austral de Sudamérica, aunque ambos escenarios difieren en lo político, lo jurídico y lo militar. Así como Groenlandia ocupa una posición clave entre el Atlántico Norte y el Océano Ártico, en el sur del continente, el Estrecho de Magallanes, el Paso Drake, las aguas del Cabo de Hornos, en el archipiélago de Tierra del Fuego y las islas Diego Ramírez son espacios estratégicos para las comunicaciones marítimas entre el Pacífico y el Atlántico, y facilitan el acceso a la Antártica. Gran parte de estos espacios se encuentra bajo soberanía o jurisdicción chilena. En ambos extremos del continente americano, la geografía adquiere una dimensión geopolítica decisiva, y Chile tiene la llave del extremo sur del hemisferio occidental.

En el Cono Sur, el Estrecho de Magallanes tiene particular importancia, tanto por su condición de paso interoceánico como por sus implicancias para la soberanía, la seguridad terrestre, marítima y aérea, y la proyección hacia los territorios australes y antárticos. El Paso Drake, por su parte, es fundamental para las rutas que conectan el Pacífico y el Atlántico por el sur de América y para las operaciones logísticas y científicas hacia la Antártica. Si bien hoy estas vías no tienen la misma relevancia militar que los accesos al Ártico para la defensa de América del Norte, su valor estratégico aumenta día a día ante las perturbaciones del comercio marítimo mundial —como las sequías que han restringido el tránsito por el Canal de Panamá, terremotos o eventuales conflictos armados—, el aumento de las tensiones internacionales y la intensificación de la competencia entre las grandes potencias.

Por otra parte, la creciente competencia internacional por minerales críticos, hidrocarburos, recursos pesqueros y posiciones logísticas ha hecho aumentar el interés de las grandes potencias por el extremo austral de América. Y querámoslo o no, a más largo plazo, no puede descartarse que surjan presiones para explorar y explotar comercialmente los abundantes recursos naturales de la Antártica. En este sentido, la experiencia de Groenlandia muestra que las inversiones extranjeras en infraestructura portuaria, telecomunicaciones, energía y actividades extractivas tendrán implicancias para la seguridad y la defensa, especialmente cuando involucran tecnologías de uso dual o instalaciones capaces de apoyar operaciones militares.

Para Chile, estas tendencias plantean desafíos importantes en la protección del territorio continental e insular, la protección de la infraestructura crítica, la búsqueda y el salvamento, la vigilancia y el conocimiento del dominio marítimo, el resguardo de la libertad de navegación y la logística antártica, desafíos que el país ha sabido afrontar históricamente a cabalidad, como lo demuestra la actitud visionaria de don Bernardo O’Higgins.

Así, a principios del siglo XIX, O’Higgins consideraba el Estrecho de Magallanes y las tierras australes y antárticas como parte de la jurisdicción chilena. Por ello, ya en 1820, autorizó al comerciante escocés Andrew MacFarlane, teniente de la Armada de Chile, a realizar una expedición de caza de lobos marinos a las Islas Shetland del Sur, a bordo del bergantín «Dragón de Valparaíso», que zarpó el 12 de septiembre de ese año. A los pocos meses, el 16 de diciembre, el capitán británico Robert Fildes se encontró con MacFarlane en la Isla Decepción. Según su diario, MacFarlane afirmó haber desembarcado en tierras antárticas, donde encontró leopardos y elefantes marinos. Este testimonio permite sostener que habría sido el primer desembarco registrado a nivel mundial en el continente antártico, realizado entre octubre y diciembre de 1820 por una expedición autorizada por el gobierno chileno, previo al desembarco atribuido al estadounidense John Davis en febrero de 1821.

La Antártica presenta una diferencia fundamental respecto del Ártico. Mientras que Groenlandia forma parte del territorio de un Estado soberano y puede albergar instalaciones militares conforme a los acuerdos vigentes, el continente antártico está sujeto a un régimen jurídico internacional propio, establecido por el Tratado Antártico, que prohíbe toda medida de carácter militar, aunque permite el empleo de personal o equipos militares para la investigación científica u otros fines pacíficos. Por lo tanto, una eventual intensificación de la competencia entre potencias en la región se manifestaría principalmente a través de la presencia científica, las capacidades logísticas, la infraestructura de apoyo y la influencia diplomática, más que mediante una militarización comparable a la del Ártico. Ello supone, claro está, que las grandes potencias sigan respetando el Tratado Antártico en un mundo cada vez más inestable, y hay que prepararse para la eventualidad de que ello no ocurra.

Desde la perspectiva chilena, la principal lección estratégica de la crisis de Groenlandia es la necesidad de concebir el territorio austral, los espacios marítimos y la proyección antártica como componentes interdependientes de la seguridad y la defensa nacional, como lo hacía nuestro primer gobernante republicano, don Bernardo O’Higgins, y, antes, en la época indiana española, de donde O’Higgins obtuvo su conocimiento sobre el territorio chileno que se extendía hasta la Antártica.

Proteger los intereses nacionales en estos espacios exige capacidades permanentes de vigilancia, presencia efectiva, conectividad, apoyo logístico y coordinación interinstitucional, junto con una política exterior profesional e inteligente, capaz de desenvolverse ante los intereses contrapuestos de otros Estados para defender lo propio.

En definitiva, el caso de Groenlandia demuestra que el valor estratégico de un territorio no depende solo de su soberanía formal, sino también de su ubicación geográfica, de una presencia efectiva sobre el territorio terrestre e insular, de sus recursos naturales, de su infraestructura y de la capacidad de los Estados para ejercer influencia sobre él. Para Chile, constituye un antecedente relevante sobre cómo la competencia entre grandes potencias puede proyectarse hacia espacios geográficos periféricos, como los nuestros, pero de gran importancia para la seguridad internacional, ante los cuales el país debe estar preparado.