Estados Unidos – Israel: Acuerdo de Paz para la Franja de Gaza
Introducción
El Acuerdo Junta de Paz o Board Peace no es un plan aislado, sino la estructura internacional creada para ejecutar el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza[1] —también conocido como el Plan de Paz de Gaza de 20 puntos—, que fue presentado por el Presidente Donald Trump el 29 de septiembre de 2025. Su evolución contempla cuatro hitos: el acuerdo de alto al fuego del 7 y 8 octubre de 2025; Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, la que fue aprobada por 13 votos y las abstenciones de China y Rusia; la constitución formal de la Junta de Paz el 22 de enero de 2026; y la hoja de ruta de 15 puntos anunciada el 30 de julio de 2026 para relacionar el desarme de Hamás con la retirada israelí (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2025; Board of Peace, 2026b).
La fortaleza principal de esta iniciativa es reunir en un mismo marco el alto al fuego, la seguridad, el gobierno transitorio y la reconstrucción de Gaza. Su debilidad radica en lo estructural: no hay reconstrucción sin seguridad; no existe seguridad sin desarme; Hamás no acepta desarmarse sin la retirada israelí; e Israel rechaza retirarse antes del desarme total. La Junta de Paz dispone, por tanto, de una estructura institucional, pero todavía no cuenta con un acuerdo operativo compartido. El bloqueo no deriva únicamente de la interdependencia de esas dimensiones, sino de los costos asimétricos de cumplir primero, de la dificultad diferencial de verificar armas y retiradas y de la falta de confianza en que la fase siguiente sea irreversible. La variable decisiva es la credibilidad de los compromisos y del árbitro, no la simultaneidad física de todas las acciones.
El plan original de 20 puntos excluye a Hamás de cualquier función gubernamental y establece una administración palestina tecnocrática; contempla una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés); promete una retirada progresiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en español); y deja abierta la posibilidad de que en el futuro se pudiese concretar la autodeterminación y la existencia de un Estado palestino, condicionada a la reforma de la Autoridad Palestina (Board of Peace, 2026). Por ello, la existencia de un documento no equivale a capacidad territorial ni a consentimiento político suficiente para ejecutarla.
Respecto a la jerarquización de la Junta de Paz, esta cuenta con cuatro niveles: en la cúspide, el Presidente Donald Trump, quien la preside; luego, un directorio ejecutivo integrado principalmente por autoridades estadounidenses, autoridades financieras y el ex Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair; el tercer estamento está compuesto por representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos y finalmente, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), gobierno transitorio y tecnocrático de origen civil, dirigido por el palestino Ali Shaath. Estos cuatro órganos no son cuatro niveles equivalentes: tienen bases jurídicas, funciones y relaciones de supervisión diferentes (The White House, 2026a; Board of Peace, 2026c)
El NCAG tiene dentro de sus funciones administrar servicios públicos, seguridad interior y reconstrucción. Debido a que Israel no autorizó su ingreso a Gaza, han operado transitoriamente en El Cairo; reflejando la diferencia entre la creación formal y la capacidad efectiva de esta organización, es decir, la administración palestina existe institucionalmente, pero aún no tiene control del territorio ni dispone de recursos suficientes (Samhouri, 2026).
La Carta de la Junta de Paz también presenta debilidades. Si bien cada Estado equivale a un voto, las decisiones mayoritarias deben ser aprobadas por el Presidente Trump. También, puede crear o disolver órganos subsidiarios, vetar decisiones ejecutivas, realizar interpretaciones definitivas del contenido de la Carta y designar a su sucesor. Adicionalmente, una contribución superior a mil millones de dólares exime al Estado contribuyente de la limitación ordinaria de tres años, lo cual debilita la imagen multilateral de la organización, a raíz de la concentración personal y financiera (Board of Peace, 2026c).
Durante el mes de julio, la hoja de ruta de la organización intentó resolver el bloqueo a través de la reciprocidad y la verificación: cese de operaciones, entrada del NCAG a territorio gazatí, entrega progresiva de funciones civiles y de seguridad, desmantelamiento de túneles y capacidades de producción, almacenamiento de armas, registro de armas personales, despliegue de la ISF y retirada de las FDI sector por sector. Un Comité Internacional de Verificación certificaría cada etapa antes de activar la siguiente fase.
[1] El Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza es un documento presentado por el Presidente Donald Trump y el Primer Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, el 29 de septiembre de 2025 y es la base de la Junta de Paz. Este plan contiene 20 puntos agrupados en cuatro ejes: paz, economía, política y seguridad. Para más información visitar: Acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás (CEEAG, 2025).
Análisis de actores: perspectivas e intereses
Estados Unidos ha declarado que la Junta de Paz o Board of Peace es un instrumento para transformar un alto al fuego incompleto en un orden político regional. La ambición de la Carta permite inferir que esta organización buscaría demostrar que una coalición flexible y dirigida por la administración del Presidente Trump podría actuar con más rapidez que Naciones Unidas. Desde la perspectiva política, el éxito de este acuerdo permitiría que el Presidente Donald Trump se presentase como un mediador capaz de mermar un foco de inestabilidad, mientras enfrenta otros conflictos regionales y reactiva la normalización árabe-israelí. Pero, la personalización de la Junta y la ambición global tras el contenido de la Carta —la cual no menciona específicamente a Gaza— contribuye a que se instale una imagen de competencia con la ONU (Caner & Baruch, 2026).
Israel aceptó integrar la Junta de Paz y autorizó jurídicamente la eventual entrada de una fuerza estabilizadora multinacional, no obstante, el gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu rechazó la hoja de ruta de 15 puntos. Exige que Hamás entregue todas las armas ante una nueva retirada. El 9 de agosto, el Primer Ministro Netanyahu reiteró su rechazo a la propuesta y su oposición a un Estado palestino (Al-Mughrabi & Scheer, 2026). Esta postura se interpretaría como una preocupación de seguridad real y como un condicionamiento del comportamiento electoral ante los comicios del próximo 27 de octubre, ya que al favorecer el punto de una retirada progresiva de las fuerzas israelí de Gaza sería una renuncia a la “victoria total”. La continuidad de operaciones después del alto al fuego confirma que Israel conserva medios para condicionar territorialmente la secuencia.
Por su parte, Hamás aceptó el contenido de la hoja de ruta, incluso la transferencia de las funciones gubernamentales y de seguridad al NCAG, al igual que las disposiciones referentes al desmantelamiento de las armas pesadas y a la regulación de las armas personales bajo la autoridad de este organismo. El acuerdo establece que el desarme y la retirada de las FDI deben avanzar a través de etapas sucesivas, recíprocas y verificables; sin embargo persisten diferencias en cuanto a su implementación, debido a la resistencia israelí de retirarse antes del desarme total de Hamás. La aceptación de estas condiciones podría interpretarse como resultado de la presión ejercida por los mediadores regionales, del deterioro de la posición política y financiera de la organización y de su interés en trasladar a Israel la responsabilidad de un eventual estancamiento del proceso. Aun así, subsisten interrogantes acerca del alcance efectivo del desarme, particularmente en lo que respecta a las armas ligeras y personales, y sobre la posibilidad de que Hamás intente conservar redes de influencia política y social, pese a su exclusión de las funciones formales del gobierno y seguridad (Atlantic Council, 2026).
La Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación Palestina (en sus siglas, OLP) mantienen una postura ambivalente respecto al plan. La Autoridad Palestina aceptó la Resolución 2803 y declaró su disposición a participar en la implementación; sin embargo, el diseño institucional la margina de la dirección política inmediata de Gaza y condiciona su eventual retorno a reformas evaluadas externamente. Aunque los palestinos participan en el estamento administrativo del NCAG, no ocupan un lugar equivalente en la conducción político-estratégica de la Junta de Paz. Ante los planteamientos de Hamás, la dirigencia palestina comparte la exigencia de una retirada completa de las fuerzas israelíes y respalda la transferencia de la administración de Gaza a una autoridad palestina; no obstante, rechaza cualquier fórmula que permita a la organización conservar estructuras armadas autónomas, capacidad de decisión en materia de seguridad o influencia sobre el gobierno transitorio. Mahmoud Abbas ha sostenido que Hamás debe entregar sus armas a la autoridad palestina legítima y quedar excluido de las funciones gubernamentales y de seguridad, conforme al principio de un Estado, un gobierno, una ley y una sola fuerza armada legítima (Naciones Unidas, 2025a; 2025b). Por tanto, la tensión relevante se produce entre el apoyo pragmático al proceso, defensa de la representación política palestina y rechazo a una tutela indefinida, vale decir, “quien administra Gaza” y “quien representa al pueblo palestino”.
El bloque Egipto, Qatar y Turquía son los principales mediadores. Por un lado, Egipto busca impedir el desplazamiento hacia el Sinaí y la fragmentación permanente de Gaza. Adicionalmente, busca recuperar el control fronterizo. Respecto a Qatar, intentaría preservar su capacidad de interlocución con Hamás y Estados Unidos. Finalmente, Turquía respalda la autodeterminación palestina y utiliza su relación con Hamás para facilitar las concesiones, a pesar de la desconfianza de Israel ante su participación.
En cuanto a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ambos Estados pueden contribuir financieramente, no obstante, intentan evitar que la reconstrucción legitime una ocupación indefinida. Arabia Saudita consideraría que ello abre una opción concreta a un Estado palestino. Emiratos Árabe Unidos prioriza la gobernanza, la seguridad y el control financiero. Jordania respalda la formación de policías palestinos, pero evita asumir una misión de desarme que pudiese enfrentar a fuerzas árabes y palestinas. Ambos Estados han manifestado su interés por conducir el alto al fuego permanente, reconstrucción, autodeterminación y presencia estatal; esto no constituye, sin embargo, un compromiso automático de tropas o fondos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, 2026).
Irán no conforma la Junta de Paz y mantiene un interés estratégico en conservar su capacidad de presión indirecta sobre Israel. No existe respaldo suficiente para afirmar que Teherán promovió la aceptación de la hoja de ruta. Por el contrario, hay publicaciones que sostienen que autoridades iraníes habrían instado a Hamás a dilatar o no firmar. Al no existir una declaración oficial comprobada, se puede señalar que Irán tiene incentivos para obstaculizar un éxito diplomático estadounidense que debilite a sus socios, pero su influencia efectiva sobre la decisión de Hamás no está demostrada (Atlantic Council, 2026).
Por último, la Unión Europea acepta cooperar condicionadamente con la Junta de Paz, dio a conocer sus dudas acerca del alcance, el gobierno y la compatibilidad de la Carta con la Carta de las Naciones Unidas, lo que podría ser un potencial de fricción institucional. La ONU reconoce la autorización que otorga la Resolución 2803, la cual se remite solo a Gaza y no brinda a la Junta de Paz autoridad sobre otros conflictos (Consejo de la Unión Europea, 2026)
Desafíos para la legitimidad y la reconstrucción
La Resolución 2803 proporciona un marco normativo al acuerdo de paz, pero no soluciona la falta de legitimidad interna. La ausencia de representantes palestinos con mandato político transforma al NCAG en una administración tecnócrata palestina, a pesar de estar subordinada a una autoridad externa. El centro de estudios palestinos Al-Shabaka (2025) concibe a esta organización como una forma de tutela colonial; el Middle East Council (2025) propone que el control extranjero del financiamiento privilegiaría la rentabilidad, certificaciones de seguridad e intereses externos por sobre las prioridades de la población de Gaza (El Dahshan, 2025; Hawari, 2025).
A nivel jurídico, la Resolución 2803 autoriza temporalmente a la Junta de Paz y la ISF, pero no elimina las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, los derechos humanos ni la autodeterminación. La Corte Internacional de Justicia no exime de responsabilidades a Israel mientras continue una ocupación efectiva del territorio. Por tanto, para alcanzar un umbral de legitimidad requiere transparentar la selección de los técnicos palestinos, realizar auditorías financieras independientes, supervisión internacional en materia de derechos humanos y de una transferencia irreversible de atribuciones al NCAG y luego, a una autoridad palestina que sea representativa. Gaza debe vincularse con Cisjordania y Jerusalén Oriental para preservar el horizonte de estabilidad palestina (Brivati, 2026).
La brecha financiera es considerable. El Banco Mundial realizó una evaluación y calculó que la recuperación y reconstrucción será de 71.400 millones de dólares aproximadamente. En un comienzo, Estados Unidos comprometió 10.000 millones y otros Estados lo hicieron con 7.000 millones a través de compromisos políticos no necesariamente corresponden a fondos desembolsados (Banco Mundial, 2026). En cuanto a la ISF, continúa incompleta, sólo Marruecos y Uganda comprometieron tropas, a diferencia de otros Estados que ofrecieron planificadores, médicos o entrenamiento. Sin una fuerza desplegada y reglas de enfrentamiento, el plan no dispone de un mecanismo encargado para ocupar el espacio que dejaría Israel al retirarse de Gaza.
Proyecciones de “Junta por la Paz”
Implementación negociada y estabilización paulatina: Estados Unidos lograría que Israel volviese a los límites acordados y que Hamás entregue la totalidad de las armas pesadas en sectores verificables. El NCAG entra en territorio gazatí, la ISF se despliega progresivamente y la reconstrucción estaría bajo supervisión palestino-internacional. Los indicadores de lo anterior serían la aprobación de una calendarización vinculante entre los actores intervinientes, la llegada de fuerzas, cese sostenido de los ataques y la entrega de fondos. Lo anterior beneficiaría a la población palestina, a los mediadores árabes y a la seguridad israelí, a pesar de que exigiría políticas estatales.
Aplicación parcial y fragmentación: Este es el escenario más plausible, mientras Israel mantenga su rechazo a la secuencia recíproca de la hoja de ruta y condicione cualquier retirada al desarme completo previo. La postura israelí es determinante, porque conserva el control de la mayor parte del territorio, la libertad de acción militar y la capacidad de autorizar el bloquear el ingreso del NCAG, el despliegue de la ISF y la apertura de zonas a la reconstrucción. En estas condiciones, Israel mantendría un amplio espectro; Hamás conservaría su influencia en las áreas pobladas; el NCAG tendría a cargo proyectos limitados y la reconstrucción se remitiría a zonas certificadas. Esto derivaría en una división de facto, dependencia de asistencia humanitaria y una transición indefinida. Sus indicadores serían la ausencia de un calendario vinculante de retirada, la continuidad o expansión del control territorial israelí, operaciones militares recurrentes, el retraso del NCAG y de la conformación de la ISF, y una reconstrucción geográficamente selectiva (Al-Mughrabi & Scheer, 2026; Samhouri, 2026).
Fracaso y reanudación del conflicto: Este escenario es posible, ya que podría implicar el asesinato de dirigentes, el colapso en el mecanismo de verificación o en la decisión electoral resultante de los comicios de octubre de este año en Israel. Hamás intentaría reconstituir y reconfigurar sus capacidades clandestinas e Irán y otros actores regionales ocuparían ese espacio. El desplazamiento de la población se incrementaría, la presión sobre Egipto y la posibilidad de una ocupación o anexión de facto. Los indicadores para este escenario sería el abandono formal y total de la hoja de ruta propuesta por la Junta de Paz, expansión territorial por parte de Israel y la retirada de los Estados que integran el acuerdo.
Conclusiones
La Junta por la Paz es la única organización con recursos suficientes para convertir el alto al fuego y una estructura con una legitimidad cuestionable. Asimismo, la factibilidad de su éxito integral es baja en el corto plazo y condicionada en el mediano plazo. La organización cuenta con respaldo diplomático, estructura institucional y capacidad inicial de coordinación financiera, pero no controla el territorio ni cuenta con una ISF plenamente desplegada o con un calendario aceptado por Israel y Hamás. La posición israelí es el factor inmediato más determinante: mientras el Gobierno de Netanyahu exija el desarme total antes de cualquier retirada de territorio gazatí y mantenga libertad de acción militar, podrá bloquear la entrada efectiva del NCAG, el despliegue de la ISF y el inicio territorial de la reconstrucción. La aceptación de la hoja de ruta por Hamás no compensa esa asimetría.
Por tanto, el resultado más probable es un éxito parcial. La Junta por la Paz podría mantener el proceso de negociación, movilizar recursos, preparar fuerzas y administrar proyectos en áreas certificadas; sin embargo, ese desempeño sería funcional, pero insuficiente si consolida una transición indefinida y una Gaza fragmentada. Su legitimidad también dependerá de incorporar representación palestina efectiva, establecer controles financieros y de derechos humanos y determinar un plazo verificable para transferir atribuciones a una autoridad palestina representativa.
Para incrementar el umbral de factibilidad, la hoja de ruta debiese contemplar una secuencia vinculante, recíproca y verificable: cese efectivo de las operaciones y cumplimiento israelí de los compromisos pendientes; ingreso del NCAG y despliegue de la ISF; desmantelamiento gradual de armas y redespliegues israelíes equivalentes; y reconstrucción en áreas certificadas. El criterio de éxito no es la simultaneidad física de todas las acciones, sino que cada avance de una parte active una obligación proporcional e irreversible de la otra. Sin garantías estadounidenses y presión coordinada de los mediadores sobre Israel y Hamás, la probabilidad de éxito integral seguirá siendo reducida.