Reino Unido y la soberanía en el Océano Índico

Descubierta por los portugueses a principios del siglo XVI, el Archipiélago de Chagos estaba deshabitado cuando fue visitado por exploradores europeos, y permaneció así hasta 1786, cuando los franceses establecieron una pequeña colonia en la isla principal de Diego García, compuesta por un número de 50 a 60 hombres y «un complemento de esclavos». Los esclavos provenían de lo que ahora son Mozambique y Madagascar, a través de Mauricio. Otros llegaron como pescadores, agricultores y trabajadores de plantaciones de coco durante el siglo XIX. Los chagosianos (también conocidos como ilois) son una mezcla de ascendencia africana, india y malaya y hablan el criollo chagosiano, un idioma basado en el francés. Algunos de sus descendientes todavía hablan ese idioma en Mauricio y las Seychelles. Los franceses entregaron Mauricio y sus dependencias (incluyendo el Archipiélago de Chagos) a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1814. El gobierno británico abolió la esclavitud en 1834, y la administración colonial de las Seychelles (que administraba los Chagos en ese momento) hizo lo mismo en 1835. Después de lograr su libertad, los antiguos esclavos se convirtieron en empleados contractuales de los diversos propietarios de las plantaciones a lo largo de Chagos. Pero a mediados de los años 60 del siglo pasado, justo en la época de la descolonización, Reino Unido y EE.UU. acordaron construir una base en Diego García, y comenzaron a trasplantar la población de esas islas (sin su consentimiento) a otros lugares, como Mauricio, las Seychelles o Gran Bretaña. Para ello, primero, Reino Unido desmembró la colonia de Mauricio haciendo de las islas Chagos parte de BIOT en noviembre de 1965. En segundo lugar, calificó a los chagosianos, cuyos vínculos ancestrales con el territorio se remontan a finales del siglo XVIII, como «trabajadores transitorios» para tratar de evitar violar el derecho internacional (King, 2025).  A fin de cuentas, toda la población chagosiana fue obligada a salir de su territorio, para que así se pudiera construir la base Diego García. Desde esa época todo ello ha sido foco de acusaciones de innumerables violaciones a los derechos humanos. Así, en 2019, después de una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva[1] pidiendo a Reino Unido que renunciara, “lo más rápido posible” al control del archipiélago después de forzar injustamente a la población a abandonarlo en los años 70 para dar paso a la base estadounidense (dipublico.org Derecho Internacional, 2023). Tras la emisión de esta opinión, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 73/295, de mayo de 2019, que respaldó el dictamen de la CIJ y a UK que ponga fin a su administración del Archipiélago de Chagos en un plazo de seis meses (Asamblea General de la ONU, 2019). Como sabemos, el Reino Unido suscribió el acuerdo el 22 de mayo de 2025.

Pero hay preocupación en los círculos de defensa occidentales. En enero de 2025, el ex jefe de la Marina inglesa, el almirante Lord West de Spithead instó al Primer Ministro Keir Starmer a abandonar su acuerdo «irresponsable» para entregar las islas Chagos a Mauricio, y agregó que era «difícil comprender» por qué el Gobierno había acordado ceder el control del estratégico archipiélago en el Océano Índico (The Telegraph, 2025) (The Telegraph, 2025)

[1] A diferencia de los fallos de la CIJ, que son vinculantes, sus opiniones consultivas no lo son, pero tienen un peso significativo en el derecho internacional, como lo demuestra el caso del Archipiélago de Chagos.